Editorial

La Universidad Nacional ha adoptado, por convicción propia, los principios de rendición de cuentas y transparencia del ejercicio de los recursos públicos. En este tenor, en el Instituto se ha avanzado de manera significativa.

Si bien se puede argumentar contra la excesiva administración y amplio burocratismo causados por el prurito de la transparencia, y lamentar que a veces sean considerados incluso por encima de la academia, lo que no podemos soslayar es su presencia, al menos durante los próximos años.

Como lo establece el Reglamento sobre Ingresos Extraordinarios en su artículo 22, el ejercicio del gasto derivado de ingresos extraordinarios se debe sujetar a las normas generales establecidas por la UNAM para los gastos derivados de ingresos ordinarios. Es decir, en todos los gastos de la UNAM se aplican esencialmente las mismas políticas y procedimientos, lo que implica que los recursos por ingresos extraordinarios son de la UNAM, y no del investigador que los genera.

Por convicción personal y por consistencia con la política de la Universidad, durante mi gestión se aplicará la normatividad existente. En las próximas semanas se divulgarán entre la comunidad las políticas y procedimientos en materia del ejercicio de los recursos, de modo que todos -integrantes de las plantas académica y administrativa- trabajemos sobre las mismas bases.

Entiendo que la aplicación de estas medidas puede causar molestia; sin embargo, deben verse como las reglas que uno sigue para realizar cualquier trámite para solicitar un servicio. Los procedimientos aludidos no son privativos del Instituto ni del país; la Administración Pública Federal sigue, básicamente, los mismos principios, e incluso, universidades de países de alto desarrollo han adoptado procedimientos similares.

Sólo cumpliendo cabalmente con la normatividad podremos tener la autoridad moral para proponer modificaciones y simplificaciones de la misma.